Dejamos en la
anterior crónica al alcalde de Manzanares, Don Antonio Rubio, cavilando sobre
como seguir actuando en la recrudecida “guerra de los cementerios”… Sabiéndose
poseedor de todos los argumentos legales y administrativos para poder iniciar
la construcción, y teniendo el Ayuntamiento adquiridos los terrenos, desde
Noviembre de 1911, el alcalde instó el inició de las obras, con la intención de
inaugurar el nuevo cementerio municipal lo antes posible, ya que, mientras
tanto, alrededor, las maniobras del clero local y de la oposición civil
conservadora se sucedían, una tras otra, continuamente…
Por ej, tras el fallido intento de disuadir al Alcalde, y en un episodio
oscuro, próximo al soborno, algunos ediles conservadores intentaron manipular
al líder republicano del Ayuntamiento, D. José María Rodríguez Medina, quien,
aunque se mostró firme ante esos intentos, no pudo evitar que le ocasionaran
problemas personales en la Casa del Pueblo, entre sus propios correligionarios,
cuando estos se enteraron de las reuniones que el Sr. Rodríguez había tenido
con los citados ediles conservadores…
Paralelamente a todo esto, varios ricos propietarios de Manzanares, con
panteones familiares en el “cementerio viejo” parroquial, organizaron una
reunión conspirativa, a la que asistió D. Dimas, en casa de otro rico
aristócrata de Manzanares, el Sr. Martín Ochoa, con el propósito de intentar
impedir la apertura del “cementerio nuevo” municipal…. “D. Dimas planteó a los
presentes, que el nuevo cementerio propiciaría la posibilidad de entierros
civiles, lo cual era inadmisible para la Iglesia católica, ya que eso impedía
dar sustento espiritual a las almas de Manzanares que optaran por esos
enterramientos paganos”….
Sin embargo, a ninguno de los ya previamente “convencidos” protagonistas de esa
reunión, se les escapaba que la Iglesia estaba preocupada, sobre todo, por la
significativa pérdida de ingresos seguros para la parroquia, que iba a suponer
la municipalización del “cementerio nuevo”. Posiblemente, en aquella reunión,
se decidió plantear un recurso de alzada al Ministerio de la Gobernación, que
fue inmediatamente incoado por el vicario Don Dimas, y en el que se alegaba que
la Corporación de Manzanares estaba incumpliendo la legislación vigente, ya
que, según la argumentación del recurso, la Iglesia Católica entendía poseer el
derecho exclusivo en cuanto al control, custodia y administración de los
cementerios españoles…
Enterado el Alcalde de este recurso, no se arredró ni un instante y, seguro de
la legalidad y legitimidad de sus actos, sacó las obras de construcción del
“cementerio nuevo” a subasta pública, en Abril de 1912, adjudicándose su
realización al maestro local, Don Alfonso Pedrero, en la cantidad 14.900 ptas.
Con el ánimo de resolver definitivamente la disputa entre la Iglesia y el
Ayuntamiento de Manzanares, que estaba trascendiendo de manera creciente en
toda la provincia y en la prensa nacional, los funcionarios del Ministerio
contactaron con ambas partes, requiriéndoles nuevos informes….
La Corporación municipal emitió un extenso informe, razonado en la legalidad
vigente, que era flagrantemente contravenida por el estado y situación del
“cementerio viejo” y lo que resultó definitivo, las propias ordenes ya
emanadas del propio Ministerio, a través del Gobierno Civil, que obligaban el
cierre del antiguo cementerio parroquial y autorizaban la construcción del
nuevo cementerio municipal…
Ante la contundencia de esta argumentación del Ayuntamiento de Manzanares, y la
poca consistencia legal de la argumentación eclesial, el falló del Ministerio,
en Real Orden de 12 de Mayo de 1912, dio por zanjada la cuestión a favor del
Ayuntamiento, ratificándole en su posición de iniciar las obras de manera
inmediata… en la misma resolución, quizá para contentar a la parte demandante,
se autorizaba a mantener transitoriamente funcional para los enterramientos,
hasta que se abriera el nuevo cementerio municipal, al “cementerio viejo”…
Lejos de contentarse, la Iglesia y la aristocracia manzanareña conservadora,
plantearon un nuevo recurso, contra dicha resolución, esta vez en la instancia
superior del Tribunal Supremo, sabedores de que con ello los tramites legales
se iban a prolongar el tiempo suficiente para lograr sus objetivos…
Se daba comienzo, así, a un largo y enconado pleito, a desarrollar, ni más ni menos, en el Tribunal Supremo de España, lo que daría lugar en el futuro a numerosos momentos en que este conflicto de Manzanares estuviera en candelero en toda España. La Iglesia vio defendida sus posiciones por el prestigioso togado de Manzanares, Don Ramón García-Noblejas Díaz-Pinés, en combinación con el famoso letrado, Don Valentín Gamazo, que defendía los intereses particulares de varios propietarios de panteones en el “cementerio viejo”... Por su parte el Ayuntamiento y la Administración General del Estado, que concurrían conjuntamente, eligieron como abogados y representantes legales, a los no menos prestigiosos letrados, Don Salvador Díaz-Berrio López y Don Niceto Alcala Zamora, futuro Presidente, años después, de la Segunda República.
Aunque, legalmente, la cosa parecía clara, Don Antonio Rubio, no vio con ningún
agrado la casi segura prolongación del episodio, y decidió acelerar las obras
del Cementerio Nuevo, autorizadas por la Real Orden de Mayo de ese año… al
tiempo que, aunque nunca figurará en los libros de historia, por los
testimonios de mucha gente del pueblo en esa época, seguramente maniobró, con
su inteligencia proverbial, ante su enemigo-íntimo, el vicario D. Dimas López,
para conseguir sus objetivos, por la vía de los hechos consumados, mucho antes
que el Tribunal Supremo le diera la razón al Ayuntamiento de Manzanares…
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